Una propuesta legislativa popular (ILP) destinada a anular la ley 18/2013, que confiere a la tauromaquia el estatus de patrimonio cultural, se está convirtiendo en un asunto fundamental en la política de España. Esta propuesta, que ha reunido 664.777 firmas válidas, requiere que el Congreso vote sobre el futuro del toreo. Con un tiempo de seis meses para decidir, los legisladores deberán expresarse, lo cual podría definir el futuro de una tradición profundamente arraigada en la cultura española.
La normativa que se pretende anular se ratificó en 2013 y ha sido considerada por muchos como un apoyo a las corridas de toros al ser parte del patrimonio cultural del país. No obstante, una parte significativa de la sociedad y de los políticos opina que su protección limita las capacidades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes deberían tener la autoridad para decidir sobre la realización de estos eventos. Los impulsores de la ILP, un grupo llamado «No Es Mi Cultura», sostienen que la tauromaquia debería ser vista como un espectáculo público común y no como un patrimonio cultural amparado por la Constitución.
Hoy en día, las comunidades autónomas poseen la facultad de regular los eventos taurinos, sin embargo, no tienen la capacidad de vetarlos debido a su consideración como patrimonio cultural. Quitar esta protección facultaría a los gobiernos locales para vetar las corridas de toros y otras actividades taurinas si lo desean. Por eso, esta propuesta ha cobrado impulso en varias áreas del país, sobre todo en las zonas donde la tauromaquia tiene menos seguidores.
El Congreso ahora deberá decidir si mantiene esta protección cultural o si da un paso hacia la desprotección, lo que abriría la puerta a una prohibición más generalizada de los festejos taurinos. Esta votación se perfila como una batalla política en la que los principales partidos del país se verán obligados a posicionarse. El partido en el poder, el PSOE, ha mantenido una postura ambigua respecto a este tema. Aunque históricamente ha mostrado un respeto por la tauromaquia, ha existido una división interna sobre cómo abordar su futuro. El PSOE ha mostrado apoyo a algunas iniciativas en defensa de la tauromaquia, como la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia, pero también ha tomado decisiones controvertidas, como la eliminación de este galardón en 2024.
Por otro lado, el Partido Popular y la extrema derecha se oponen a la iniciativa, defendiendo la protección de la tauromaquia como un aspecto fundamental de la cultura española. Mientras tanto, partidos como Esquerra Republicana y Unidas Podemos han apoyado activamente la prohibición de las corridas de toros y se alinean con aquellos que consideran que la protección de la tauromaquia es un anacronismo.
El triunfo de la ILP podría transformar profundamente el ámbito taurino, posibilitando que las administraciones locales decidan sobre la realización de estas actividades. Asimismo, la supresión de la ley que ampara la tauromaquia influiría en otros ámbitos vinculados, como la financiación estatal para el impulso de las corridas de toros y su incorporación en proyectos culturales, como el Bono Cultural Joven.
En cuanto a la práctica de la tauromaquia, los datos oficiales muestran una ligera disminución en el número de festejos en los últimos años. En 2023, se celebraron 1.474 corridas, frente a las 1.546 del año anterior. Sin embargo, estas cifras aún superan los números previos a la pandemia, lo que indica que la tauromaquia sigue siendo una tradición presente en varias regiones del país, especialmente en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.