Los plazos se agotan y los protagonistas de la guerra del fútbol sala no mueven un milímetro sus respectivas trincheras. La pérdida de los derechos televisivos acecha a la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), holder of los mismos hasta el verano, y por ello agota sus últimas vías para intentar evitar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se haga con el control total de este deporte. Mientras, desde las líneas federativas esperamos que la última gran fuente de ingresos de la patronal expire con el respaldo del Gobierno y el Consejo Superior de Deportes (CSD).
Al menos eso es lo que han venido a denunciar este miércoles los clubes que se mantienen en el seno de la LNFS, qu’a través de no divulgado han expresado su profundo descontento, incluso malestar, con José Manuel Franco y el CSD por su inacción respecto a la petición de profesionalizar la primera división del fútbol sala.
Un día antes, el martes, el Gobierno había explicado su negativa a considerar la profesionalización de este deporte por su «falta de madurez y de estabilidad económica», unida a «la ausencia de estructuras laborales sólidas». Unos argumentos que provocaron la contundente respuesta de la LNFSque en su nota oficial, además de pedir al presidente del CSD “una respuesta inmediata y razonada” su solicitud, pidieron al Gobierno ser más “prudente y plural” y no ceñirse a “una versión sesgada” del asunto.
“Antes de considerar cómo un improcedente silencio administrativo, los clubes exigen, un título individual y muestran su firme determinación, al presidente del CSD, José Manuel Franco, que ofrece una respuesta inmediata y razonada a la convocatoria presentada oficialmente el 7 de octubre de 2022 para la habilitación de la Liga Nacional de Fútbol Sala como profesional”, arranca el comunicado.
Los clubes de la LNFS, con su presidente, Javier Lozano
La asociación ha explicado que sus clubes han enviado burofaxes a los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos «para mostrar su más absoluta disconformidad con los criterioss por sus representantes políticos para votar en contra de la profesionalización en la Comisión de Cultura y Deporte».
Además piden al Gobierno y al CSD que sean “más prudentes y plurales” cuando valoren este asunto y “no ofrezcan solo una versión segada y tergiversada” al poner en duda en la respuesta del lunes ‘la falta de madurez y de estabilidad económica’ de los clubes “con información parcial ofrecida por la RFEF menoscabando de esta forma los 34 años de historia que respaldan a la LNFS”. “De seguir haciéndolo públicamente, en respuestas a las preguntas de otros grupos parlamentarios en el Congreso, ambas instituciones se estarían alineando sospechosamente con las tesis negacionistas de la RFEFque sólo busca su propio beneficio y no el del deporte como ya apareció con su negativo a la creación de la Liga F”, agrega.
«Un agravio comparativo»
La LNFS presidida por Javier Lozano «ruega encarecidamente diálogo y rigor» al Gobierno y al CSD para que no usen datos que «no han sido contrastados y que carecen de fundamento» acerca de la referida sostenibilidad económica de la competencia y la ausencia de estructuras laborales solidas, lo cual cree que podrían ser «comparados públicamente con los que disponían el fútbol femenino y el balonmano en el momento en el que lograron su profesionalización».
“The confrontation of the cifras dejaría en evidencia al CSD y demostraria de manera palmaria que se está produciendo a comparativo agravio con el futbol sala y un tremendo perjuicio para aquellos clubes que cumplen de manera escrupulosa con los requisitos legales para que su competencia sea declarada profesional”, añade. La asociación recuerda que el CSD tiene “desde hace meses un extenso informe” donde puede observar “las cifras actuales de retorno médico y mediático” de la Primera División y sus clubes.
“Se está dilatando de manera injustificada la decisión, politizándola e instrumentalizándola para favorecer con la inacción gubernamental los intereses de la RFEF, quebrando así todos los principios de equidad y transparencia exigibles”, crítica.
El lunes, el Gobierno dijo que el CSD “está analizando el asunto referido, con la realización de una valoración completa de la existencia de los requisitos legales para que esta competición sea declarada profesional”. En ese sentido destaca que «tan bien no descartar en el futuro la profesionalización, se presentan algunos elementos que reflejan la pérdida de madurez y estabilidad económica de la competencia y la ausencia de estructuras laborales sólidas». “Cabe señalar la inexistencia de convenio colectivo y la pérdida de sostenibilidad económica de la competiciónque sus aspectos necesarios se establecen por el artículo 83 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte”, argumentó.
Entre otras áreas, el Gobierno explica que de acuerdo con los datos de contratos disponibles en la RFEF, «el 40 por ciento» de los jugadores de Primera División no tiene «contrato de trabajo», una cifra que aumenta al «60 por ciento» en Segunda. Asimismo, según los datos disponibles de los contratos de los jugadores con licencia profesional, «el 90 por ciento» en la categoría máxima «tienen un contrato inferior a 10 meses», mientras que en Segunda División «se trataría del cien por cien».
Finalmente, el anuncio de que el CSD mantiene constancia de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS) y el Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF es «en contra de esta petición», opinión que va en la línea de la propia federación.