El documento preparado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado la posible participación de la empresa multinacional Acciona en una trama corrupta organizada desde los altos mandos del Partido Socialista. De acuerdo con los agentes, la compañía habría pagado cientos de miles de euros como comisiones ilegales para garantizarse contratos públicos importantes, en un esquema dirigido directamente por Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE.
Superan los 600.000 euros en pagos no regulares
La UCO documenta el pago de al menos 620.000 euros en mordidas vinculadas a adjudicaciones específicas a favor de Acciona. Las cantidades fueron canalizadas, según el informe, a través de intermediarios cercanos a José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Todo ello, bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes señalan como el encargado de coordinar los montos, los destinatarios y el calendario de los pagos.
Asimismo, se estudia una segunda cantidad de cerca de 450.000 euros ligada a otros contratos concedidos más recientemente, lo cual sugeriría que el esquema de corrupción persistió aun después de los primeros signos públicos de irregularidades.
Propuestas adaptadas a medida
Las adjudicaciones bajo sospecha corresponden a contratos multimillonarios de obra pública —infraestructura ferroviaria, carreteras, sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en territorios bajo control político del PSOE. Según el análisis de la UCO, los pliegos técnicos de estos concursos fueron diseñados con características que encajaban casi exclusivamente con la oferta de Acciona, eliminando toda competencia efectiva.
El documento describe cómo se organizaban los acuerdos para asegurar la adjudicación a la compañía, mediante pagos establecidos previamente. Según los oficiales, era una “red perfectamente estructurada” en la que los dirigentes políticos participaban de manera directa para favorecer a ciertas empresas a cambio de ventajas financieras.
La función de Santos Cerdán
Un elemento destacado del reporte es la identificación de Santos Cerdán como pieza fundamental en la distribución y manejo de los sobornos. La Guardia Civil afirma que Cerdán no solo estaba al tanto del mecanismo de pagos, sino que también desempeñaba un rol directivo en su organización. Las charlas capturadas muestran cómo los montos eran separados, discutidos y repartidos según el contrato otorgado.
Esta función de supervisión establece a Cerdán como el enlace clave entre la autoridad institucional del PSOE y las compañías favorecidas por el esquema.
Respuestas y quietud institucional
Ante la contundencia del informe, Acciona ha anunciado una investigación interna, desvinculando a su actual dirección de los hechos investigados. Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho. La aparición de un exdirectivo de la empresa en los documentos analizados por la UCO ha reavivado el debate sobre la connivencia entre grandes compañías y el poder político.
Por su parte, el Gobierno guarda silencio. La cúpula del PSOE evita pronunciarse sobre un caso que ya ha provocado la dimisión de altos cargos y que amenaza con erosionar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El documento de la UCO revela lo que antes eran solo indicios aislados: una destacada empresa constructora del país habría estado involucrada en un esquema de corrupción para obtener contratos públicos, organizado desde el núcleo del partido que lidera España. Si los hechos son validados legalmente, sería uno de los escándalos de corrupción más serios de los últimos tiempos, tanto por el impacto económico como por el alto nivel de los participantes implicados.
Este asunto no solo involucra a Acciona, sino que también cuestiona la utilización del poder institucional para objetivos personales. El tiempo indicará si las repercusiones políticas estarán a la altura de la seriedad de los acontecimientos desvelados.