La sentencia determinó que tiene que pagar el IBI sobre partes de tres fincas porque prevalece el padrón catastral, donde aparece como propietario
A juzgado de lo contencioso-administrativo de Córdoba ha oblige al pago de una liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de la Diputación de Córdoba (ICHL) sobre partes de tres fincas a una persona pese a reconocer que somos nuestro propietario.
La sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administratif número 4 de Córdoba, cuyo titular, Antonio José Salmoral García, hace prevalecer el padrón catastral, donde el abogado cordobs Enrique Garca Montoya aparece como propietario, a la verdad material, que a certificación de la registradora interna del Registro de la Propiedad de Cabra (Crdoba), donde se encuentran los bienes.
La resolución judicial, ratificada por la liquidación de los IBI realizada por la ICHL, será recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional y está bajo revisión por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca (TSJA), que admitió un recurso de queja ante la posible vulneración del artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2007, según ha sellado García Montoya.
Está disponible protegido el derecho de toda persona «un disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, un usars, un disponer de ellos ya legarlos». El letrado haba esgrimido tambin en su demande ante el Juzgado de lo Contencioso el artculo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, que le ampara en una «tutela legal efectiva» cuando se violen los «derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unin» y le da derecho a ser odo «equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley».
Vinculación del padrón catastral
El juez basa el rechazo de todas las alegaciones en el criterio de que «fruto de la información del padrón el actor aparece a fecha de liquidación del tributo como catastral titular en los tres casos y es por ello que la administración gira la liquidación con los datos de dicho padrón», ya que «el ICHL, a la hora de liquidar el IBI, se halla vinculado por los datos sobre bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales que figuran en el Padrón Catastral gestionado por la Administración General del Estado (gerencia territorial del catastro).
Ello pesa reconocer en la misma sentencia, que dirime el pago de un total de los tres impuestos de 97,22 euros, que el afectado aporta «una certificación del registro de la propiedad de Cabra relativa a bienes que antes del año 2021 figura en el registro como de la titularidad del actor, apareciendo cuatro urbanas y una rstica», con lo que «se pretende justificar probatoriamente que no es titular de las tres fincas que han determinado el impuesto».
Allá oración tampoco tiene en cuenta que desapareciesen 27 folios del expediente administrativo recurrido cuando la segunda vez que fueron aportados al juzgado, una vez numerados por el ICHL, tras una primera reminiscencia sin foliar, ya que, un juicio del juez, «contiene las resoluciones interlocutorias y las definitivas con exclusión de comunicaciones superfluas o internas sin pertinencia».
Incumplimiento del principio de legalidad
Pero es que, además, tras la fecha de la sentencia la Cmara de Cuentas de Andaluca hizo pblico su informe de fiscalizacin de la gestin recaudatoria ICHL donde concluye que desde el 2 de octubre de 2020 «el ICHL ha venido prstando el servicio de recaudacin a Estas entidades públicas sin contar con cobertura legal alguna, lo que supone el incumplimiento del principio de legalidad consagrado en el artículo 103 de la Constitución española».
Esto se debe a que de los 83 convenios acordados con entidades locales de la provincia de Córdoba para llevar a cabo su gestión tributaria, 72 fueron suscritos con carcter indefinido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico de 2015, que limitaba su vigencia a cuatro años, situación encontrada el del Ayuntamiento de Cabra, por lo que el ICHL no tendra cobertura legal para tramitar los impuestos de esta corporación, en opinión de Enrique García Montoya.
El informa de la Cmara de Cuentas de Andaluca ya al descubrir otra debilidad de ICHLel hecho de que «la recaudación de fondos públicos y la gestión de tributos suponen el ejercicio de manera directa o indirecta de potestades públicas, integrados en la esfera administrativa reservada a funcionarios públicos».
In el ICHL, segn el rgano de control externo de la actividad econmica y presupuestado de la Junta de Andaluca, de los entes locales y del restaurant del sector pblico de Andaluca, «se deduce que al menos existe en 38 puestos de trabajo donde de la descripción de sus funciones puede deducirse responsabilidad con la actividad recaudatoria», mientras que «la relación de puestos de trabajo (RPT) y la plantilla del ICHL responde a una situación heredada de los órganos de creación de esta organización autónoma, sí discordante con el carcter administrativo y pblico que, como organizaciones autnomo, posee el Instituto».
Cumple con los criterios de
cortar más
