Cuando los precios de la energía comenzaron a subir después de la crisis del Covid-19 y luego con la guerra en Ucrania, el gobierno puede no haber dudado en reactivar una ayuda presupuestaria «cueste lo que cueste» a las amas de casa. En total, se movilizaron cerca de 100.000 millones de euros de dinero público entre 2021 y 2023 a través de diversos mecanismos como el escudo tarifario que contuvo la subida de los precios del gas y la electricidad, el impulso al bombeo para los automovilistas o la compensación por inflación.
Un esfuerzo sin precedentes, comparable en escala al desplegado durante la crisis sanitaria, aunque parte de los fondos –medio ambiente un tercio– es recuperado por las autoridades públicas de las empresas energéticas a través de diversos gravámenes. Porque el contador sigue funcionando: si el 1 se quitara el escudo tarifario del precio del gas, que está cayendo,oh Julio, el destinado a la electricidad, cuyo precio se mantendrá, se ha prorrogado hasta 2025, por lo que el dispositivo seguirá siendo caro para el beneficiario.
¿Era necesario financiar tanto dinero público, especialmente para apoyar el consumo de combustibles fósiles? Economistas del Consejo de Análisis Económico (CAE), organismo dependiente de Matignon, creen que las medidas han » Ya « limitó el alza de precios para los hogares, transfiriéndolo al presupuesto del Estado, lo que permitió “Apoyar la actividad, el consumo y la inversión en 2023”, escriben en una nota publicada el martes 11 de julio. La renta bruta disponible de los hogares asistidos ha aumentado así 1.021 euros por unidad de consumo entre 2019 y 2023, observan, demostrando de paso que las empresas, que han repercutido el 100% de las subidas de precios a los consumidores, son significativamente menos proclives a reducirlas cuando la energía vuelve a ser barata ya que sus reducciones sólo se transmiten hasta en un 40%.
Mejorar las herramientas estadísticas
La principal crítica de los autores se une a la ya formulada por otros desde el retorno de la inflación: la ayuda se ha repartido demasiado y su peso para las finanzas públicas es insostenible a largo plazo. Recomiendan por tanto en un futuro inmediato una salida más rápida de las ayudas en vigor, “excluyendo paulatinamente al 20% de los hogares más ricos del escudo tarifario eléctrico, lo que supondrá un ahorro de 5.000 millones de euros”resume el economista Xavier Jaravel, coautor del estudio.
A medio plazo, “para la próxima crisis”abogan por la mejora de las herramientas estadísticas para «conocer con precisión y en tiempo real los niveles de consumo energético de los hogares», avanza su coautor Xavier Ragot. Dichos datos deberían permitir reservar ayudas para quienes más las necesitan, con criterios distintos al mero ingreso. “A un nivel de renta equivalente, hay una gran heterogeneidad de situaciones”, continúa el economista. De hecho, los hogares de bajos ingresos sufrirán el choque de la inflación de manera muy diferente, dependiendo de si su vivienda es intensiva en energía o no. Igualmente, “Los de 60-74 años tienen una tasa de inflación 1,5 puntos superior a la de los hogares menores de 30 años debido a un gasto mucho mayor en alimentación y vivienda”señala el estudio.
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