Este podría ser uno de los hitos de su futura trayectoria en el Ministerio del Interior: Gérald Darmanin prometió a Mayotte una «acción espectacular» destrucción de barrios marginales y desalojo de sus residentes ilegales. La operación, esperada con ansias por los funcionarios electos del departamento, debe ocurrir desde el final del Ramadán el 21 de abril, durante unos dos meses, hasta junio. Las condiciones de su preparación muestran que no estará exenta de riesgos.
El prefecto, Thierry Suquet, tiene encomendada una triple misión. En primer lugar, la lucha contra la residencia ilegal que está provocando una gran tensión social en Mayotte, con la idea de pasar de las 80 detenciones diarias de extranjeros actualmente a las 250-280 – la mayoría de los expulsados serán enviados por mar a Anjouan, en las vecinas Comoras.
Entonces el «desempacar», desmantelamiento de asentamientos informales: 8 alcaldes piden el plan y dicen que están listos para la operación que apuntaría a 5.000 personas en 1.000 «bangas», o el 10% de las cajas de chapa que cubren las colinas de Mayotte. La mitad de los 310.000 residentes nombrados en la isla viven en estos asentamientos ilegales.
Finalmente, se tratará de detener a jóvenes delincuentes violentos, muchos de ellos ya conocidos por la policía, que están provocando una aguda inseguridad en la isla.
Un striptease al mes
Los servicios estatales no habrán tenido mucho tiempo para prepararse. Pensada desde el otoño de 2022 pero validada el 31 de enero por el presidente de la República en el Consejo de Defensa, la operación inicial presentada por Place Beauvau tuvo que ser revisada para tener mejor en cuenta la situación de los hijos menores de extranjeros, según información de Mundo que el ministerio se niega a comentar.
Queda el objetivo de marcar los ánimos, en un contexto de examen de la ley de inmigración y de superación del Encuentro Nacional sobre este tema en Mayotte. Se esperan refuerzos policiales sin precedentes: su número en el territorio ya ha aumentado en un 40% desde 2018 y el primer plan, llamado Shikandra, se lanzó entonces contra la inmigración ilegal. Se duplicará el número de gendarmes, hasta llegar a 1.050 soldados. Y están previstos 120 policías adicionales (820 en total), incluidos 10 policías judiciales. Varias fuentes mencionan, sin embargo, una falta de medios que obligó al ministerio a reducir sus ambiciones.
El prefecto implementa la ley Elan de 2018, que facilita, por derogación de Mayotte, desalojar a los ocupantes de tierras sin derechos ni títulos. Pero antes tiene que fijar un ámbito de acción preciso y ser capaz de invocar “riesgos graves para la salud, la seguridad o la tranquilidad pública”. Para establecer la lista de personas afectadas, el Estado también debe ofrecer realojamiento o alojamiento de emergencia. Tantos requisitos condicionados por la debilidad de los servicios públicos y sociales en la isla.
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