Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco resolvió que el expresidente Trump puede mantener el control sobre la Guardia Nacional de California, al menos temporalmente, mientras sigue el juicio presentado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión autoriza que las 4 000 tropas en Los Ángeles sigan bajo mando federal mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, suspendiendo por el momento la decisión anterior que exigía su regreso al mando estatal.
La disputa comenzó el 7 de junio, cuando el expresidente federalizó la Guardia Nacional y desplegó a 700 marines para reforzar la presencia militar en Los Ángeles, apoyando las labores de agentes federales durante protestas relacionadas con operativos de inmigración. Esta movilización de tropas sin el consentimiento del estado marca la primera vez desde 1965 que ocurre un despliegue tan extenso sin la aprobación del gobernador.
En una audiencia reciente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que el mandatario probablemente actuó dentro del marco de la ley federal, señalando que las manifestaciones de protesta habían derivado en actos violentos contra funcionarios y propiedades federales, así como agresiones con escombros y cócteles molotov . Aunque declaró que el presidente debía notificar al gobernador, confirmó que el fallo de un tribunal de primera instancia fue demasiado restrictivo, ya que no había autoridad para vetar la acción presidencial.
El fallo del juez de distrito Charles Breyer, emitido el 12 de junio, afirmaba que la federalización era ilegal, argumentando que no se habían cumplido los requisitos de la ley y que no existía una situación de “rebelión” como exige la legislación. La apelación, sin embargo, suspendió esa orden mientras el caso sigue avanzando.
El panel del Noveno Circuito —compuesto por dos jueces nombrados por Trump y uno por Biden— subrayó que la ley concede al presidente un amplio margen en temas relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que es responsabilidad del tribunal llevar a cabo una revisión “con un alto grado de deferencia». Sin embargo, desestimó la idea de que la decisión presidencial esté totalmente fuera del control judicial.
Mientras el proceso legal sigue su curso, California puede decidir elevar una apelación ante el pleno del Noveno Circuito o incluso presentar el caso ante la Suprema Corte. Asimismo, podrían sostener que la utilización de las fuerzas armadas para respaldar tareas de la ley federal —una posible infracción de la ley Posse Comitatus— necesita una revisión más detallada en el tribunal.
En su respuesta, el gobernador Newsom expresó que «el presidente no ostenta el poder absoluto ni está exento de cumplir con las leyes». Además, enfatizó que California continuará defendiendo en la justicia la autonomía del estado y los derechos civiles. Por otro lado, el exmandatario Trump calificó la decisión como un «gran triunfo» para la seguridad nacional, justificando que la Guardia Nacional necesita ser desplegable si las autoridades locales no logran conservar el orden.
En todo el país, el asunto ha comenzado una discusión intensa acerca del rango de los poderes presidenciales en lo que respecta al uso de la Guardia Nacional, el federalismo y las restricciones del control judicial. Es la ocasión inicial en sesenta años que la Guardia se federaliza sin el acuerdo de un gobernador, lo que suscita inquietud sobre precedentes arriesgados y la erosión de los mecanismos legales y la revisión institucional.
Mientras tanto, en Los Ángeles, la presencia militar sigue vigente, aunque los niveles de protesta han disminuido y el alcalde levantó el toque de queda. Sin embargo, persisten tensiones y cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades civiles y militares, así como el impacto en vigilancia y control social .
La fecha importante será la audiencia siguiente ante el juez Breyer, programada para este viernes. En esta audiencia, podría emitirse una orden preliminar más extensa que establezca con claridad cómo se pueden utilizar las tropas. La resolución del caso tendrá efectos perdurables en la relación entre el gobierno federal y los estados, las competencias presidenciales y el papel de las fuerzas armadas en actividades civiles.