En Narbona, a menos de un kilómetro de la ciudad, se erige un coloso nuclear. En su gigantesca área de cien hectáreas, Orano Chimie Enrichissement procesa una cuarta parte del mineral de uranio natural del mundo. Pero el sitio está inundado de basura. Desde su puesta en marcha en 1959, ha producido grandes cantidades de residuos radiactivos líquidos, nitrados, cuya única salida es el almacenamiento in situ, en balsas de evaporación abiertas para que el sol y los vientos sean funcionales reduciendo el volumen. Pero, más allá de una cierta concentración de nitratos, el agua ya no puede evaporarse y los estanques se saturan.
Se supone que un proyecto de tratamiento de nitratos (TDN) resolverá este problema. Este tipo de incinerador, que incorpora el proceso de Reducción Orgánica Térmica (THOR), debe quemar 350.000 metros cúbicos de efluente líquido almacenado en el sitio desplegado en un lugar llamado Malvési en un horno de muy alta temperatura. Por tanto, el proceso debería permitir absorber determinados depósitos de relaves y transformar parte de los vertidos líquidos en residuos sólidos en forma de bolsas grandes enviado al Centro Industrial de Reagrupamiento, Almacenamiento y Eliminación (Cires) ubicado en Morvilliers en Aube, operado por la Agencia Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos.
Contaba sin tres asociaciones (Rubresus, TCNA y Anger), todas ellas ferozmente opuestas al proyecto, y que se apoderaron de los tribunales. “Aunque no respondiera a todas nuestras solicitudes, la justicia reconoce nuestra lucha. A partir de ahora le toca a la población pronunciarse en contra del proyecto TDN”, insta a Fabrice Hurtado. El presidente de la asociación Transparence des canals de la Narbonnaise (TCNA) se refiere a la sentencia dictada el 21 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Apelación de Marsella.
“Investigación inicial por lotes”
El tribunal señaló varios defectos relacionados con la creación de esta instalación autorizada por decreto prefectoral en noviembre de 2017. Las irregularidades relacionadas con el estudio de impacto del proyecto que data de marzo de 2016 y el estado de contaminación de los pisos de la fábrica llevaron al tribunal administrativo a conceder un plazo de doce meses a la prefectura para brindar nueva información puesta a disposición de los habitantes en el marco de la consulta pública adicional.
“La sentencia demuestra que si bien la investigación inicial [du 5 septembre au 5 octobre 2016] fue descuidado, ignorando elementos como el almacenamiento temporal de residuos radiactivos sólidos de actividad muy baja y su transporte”lamenta a André Bories, presidente de Rubresus, una asociación para la protección del medio ambiente y el entorno de vida del bajo valle del Aude.
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