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EE.UU. busca disuadir migrantes pintando el muro de negro en la frontera con México

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El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar pintura negra en secciones del muro que divide la nación del territorio mexicano, con la finalidad de incrementar su temperatura y hacer más difícil escalarlo, tal como lo confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Esta medida se implementa por una orden directa del presidente, quien cree que esta acción ayudará a la seguridad en la frontera al desalentar intentos de cruce no autorizado.

Noem explicó que la elección del color negro responde a la capacidad del material de absorber el calor, lo que hace que el muro se vuelva incómodo al tacto durante las altas temperaturas del desierto. Según la funcionaria, esta característica, combinada con la altura y estrechez de la estructura, convierte al muro en un obstáculo más efectivo frente a quienes intentan cruzar de manera ilegal. Además, la pintura también servirá para prevenir la oxidación del metal, prolongando la vida útil de la infraestructura.

Alcance del proyecto y financiación

El proyecto es una sección de un plan más extenso aprobado por el Congreso a inicios del verano del hemisferio norte, el cual asignó US$46.000 millones para la ampliación y finalización de la barrera a lo largo de los cerca de 3.218 kilómetros de frontera. En este momento, se están edificando aproximadamente 0,8 kilómetros de barrera diariamente. La administración define esta construcción como un «baluarte y emblema» del compromiso del gobierno con la protección nacional y el manejo migratorio.

Noem ha subrayado que el plan no se restringe a la aplicación de pintura negra, sino que también abarca la colocación de infraestructura suplementaria en áreas acuáticas del Río Grande, tales como boyas reforzadas y barreras custodiadas por fuerzas estatales y federales. Esta mezcla tiene como objetivo disminuir los cruces ilegales en zonas clave de la frontera.

Gastos y opiniones

La decisión de pintar el muro de negro ha generado críticas debido al alto costo estimado. Durante la primera administración Trump, se evaluó que pintar el muro podría costar al menos US$500 millones, dependiendo de los materiales y la cantidad de capas aplicadas. Expertos en construcción han señalado que el metal ya absorbe gran parte del calor del desierto, y que la pintura podría desvanecerse con el tiempo, reduciendo su efectividad.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como el American Immigration Council y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han cuestionado la priorización de recursos públicos para la infraestructura fronteriza en lugar de servicios esenciales, argumentando que la política de deportaciones masivas y el gasto en seguridad pueden tener consecuencias sociales y económicas negativas.

Influencia en la movilidad y la táctica gubernamental

De acuerdo con cifras oficiales, los cruces no autorizados han bajado considerablemente en los meses recientes, registrando niveles más bajos de aproximadamente 4.600 en julio y 6.000 en junio. El gobierno asocia esta disminución con una mezcla de arrestos extensivos, expulsiones y la percepción de un riesgo incrementado al intentar cruzar la frontera.

Noem también afirmó que un total de 1,6 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron EE.UU. durante los primeros 200 días del gobierno actual, aunque no se precisó cuántos fueron deportados formalmente y cuántos optaron por salir voluntariamente. La Casa Blanca sostiene que la política prioriza a personas con antecedentes penales, aunque defensores de los derechos de los migrantes han señalado que individuos con infracciones menores también han sido afectados por las redadas.

Seguridad y control fronterizo: un enfoque controvertido

El proyecto de aplicar pintura negra y la ampliación del muro en la frontera representan una táctica para reforzar la seguridad en dicha área, que incluye infraestructuras físicas, estrategias de disuasión y operativos migratorios. No obstante, la propuesta ha desatado un debate en torno a los elevados costos, la eficacia de la medida y las repercusiones en los derechos humanos, destacándose como uno de los temas clave en la agenda política y social de Estados Unidos.

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