La procuradora general de Israel ha emitido una fuerte crítica hacia el gobierno liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, acusándolo de aprovechar la situación en la Franja de Gaza como un desvío para impulsar leyes que, en su opinión, ponen en riesgo la democracia del país, particularmente la autonomía del sistema judicial.
En su discurso en el encuentro anual del Colegio de Abogados de Israel, la fiscal general manifestó su inquietud por el deterioro de las instituciones democráticas y alertó sobre el perjuicio continuo al sistema de justicia. Indicó que estas acciones podrían transformar la percepción del país como una democracia con un poder judicial independiente, señalando que no es una advertencia para el futuro, sino una representación de la situación actual.
El presidente del Tribunal Supremo también intervino en el evento, calificando de «delicado y frágil» el tejido democrático del país. Destacó que el Estado carece de herramientas para equilibrar los poderes del gobierno y aseguró que los intentos de socavar la independencia judicial no tendrán éxito, reiterando que el poder judicial se mantendrá firme ante los intentos de erosionar su poder.
En respuesta a estas críticas, el ministro de Justicia israelí defendió las acciones del gobierno, argumentando que lo que está bajo ataque es la soberanía del pueblo. Esta declaración refleja la profunda división en la sociedad israelí respecto a las reformas judiciales propuestas y la dirección política del país.
Estas tensiones se desarrollan en un contexto en el que el primer ministro Netanyahu enfrenta múltiples desafíos legales y políticos. Ha sido acusado de soborno, fraude y abuso de confianza en varios casos de corrupción, y su juicio ha sido un tema central en la política israelí. Además, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza desde octubre de 2023.
La comunidad global ha mostrado su inquietud acerca de la situación en Israel, particularmente en lo que respecta a las reformas judiciales y las actividades en Gaza. Entidades defensoras de derechos humanos junto con la ONU han señalado el carácter ilegal y violento de ciertas políticas, mientras que ciertos integrantes de la comunidad internacional están evaluando sus vínculos con Israel.