La igualdad formal no garantiza que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. La autonomía económica y la participación en la toma de decisiones son esenciales para cerrar la brecha de género.
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la ONG CODESPA recuerda que el reconocimiento de derechos legales, si bien fundamental, no es suficiente para lograr una igualdad real. Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, esta conmemoración pone en evidencia la persistente distancia entre la igualdad formal y la igualdad práctica que experimentan las mujeres en su día a día.
Los datos globales muestran que la brecha sigue siendo considerable. Según el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres poseen apenas el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. Por otra parte, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que casi seis de cada diez mujeres trabajan en la economía informal, lo que implica ausencia de protección social y garantías laborales básicas. Estas cifras reflejan que la igualdad jurídica, aunque esencial, no se traduce automáticamente en equidad efectiva.
La autonomía económica como herramienta de empoderamiento
CODESPA destaca que la autonomía económica es un elemento clave para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, ya que disponer de ingresos propios les brinda la posibilidad de involucrarse en las decisiones de su hogar y de su comunidad, además de disminuir la dependencia estructural que muchas viven. Desde la organización señalan que “la justicia para las mujeres no solo queda plasmada en las leyes; se materializa cuando una mujer puede asegurar ingresos constantes y tomar parte en las decisiones que influyen en su entorno”.
Durante más de cuatro décadas, CODESPA ha llevado a cabo programas en 34 países de América Latina, África y Asia destinados a impulsar la autonomía económica de las mujeres. Estas acciones integran capacitación técnica y empresarial ajustada a cada realidad, facilitan el acceso a financiación o recursos productivos, ofrecen acompañamiento permanente en campo, colaboran con líderes comunitarios y fomentan la presencia femenina en espacios donde se toman decisiones.
Un elemento clave en estas estrategias consiste en impulsar y consolidar asociaciones de mujeres, espacios donde pueden distribuir riesgos, transmitir saberes y fortalecer su poder de negociación dentro de la comunidad. La meta va más allá de elevar sus ingresos y se orienta a expandir la autonomía de las mujeres sobre su economía, su tiempo y su vida social.
Transformaciones tangibles en comunidades vulnerables
La experiencia en terreno muestra que el acceso a recursos y formación puede transformar la vida de mujeres y comunidades. En el Corredor Seco de Guatemala, afectado por la inseguridad alimentaria y los impactos del cambio climático, María Elisa participó en un proyecto productivo diseñado por CODESPA. Al inicio apenas intervenía en reuniones, pero tras recibir formación técnica y participar en espacios de gestión colectiva durante tres años, su rol se consolidó. Gracias a los ingresos generados y la experiencia adquirida, hoy forma parte del comité de desarrollo local, influyendo activamente en la toma de decisiones comunitarias.
En el altiplano boliviano, en Pacajes, Lizeth y Estela Tantacalle poseían saberes artesanales transmitidos por sus familias, aunque no tenían cómo llegar a los mercados. Mediante capacitación empresarial y acompañamiento, consiguieron profesionalizar sus creaciones, ampliar la variedad de diseños y comercializar por medios digitales. La marca que administran actualmente obtiene ingresos constantes, ha sumado a otras mujeres de la comunidad y ha ayudado a disminuir la migración hacia las ciudades. Este ejemplo evidencia que la autonomía económica refuerza la intervención femenina en las decisiones familiares y comunitarias, más allá del aspecto financiero.
Los ejemplos evidencian un patrón consistente: cuando las mujeres logran ingresos propios y regulares, se fortalece su influencia en decisiones fundamentales. Su implicación en asociaciones, el acceso a información financiera y la interacción directa con clientes y proveedores amplían su presencia en ámbitos como la educación, las inversiones productivas y la dinámica comunitaria. CODESPA destaca que el empoderamiento económico constituye uno de los medios más efectivos para disminuir la dependencia estructural.
Hacia una igualdad real más allá del 8 de marzo
A pesar de los avances legales, ningún país ha cerrado por completo las brechas de género, según los principales organismos internacionales. Sin embargo, el debate público suele centrarse en reformas normativas y políticas de igualdad formal. Para CODESPA, esta discusión necesita ampliarse: no basta con reconocer derechos en la ley, sino que es necesario promover políticas e inversiones que permitan a las mujeres generar ingresos propios y participar activamente en la toma de decisiones.
La organización enfatiza que la igualdad legal debe ir acompañada de estrategias sostenidas de inclusión económica. Solo así los derechos reconocidos sobre el papel se traducen en cambios tangibles y duraderos en la vida de las mujeres y niñas, reduciendo desigualdades históricas y fortaleciendo el desarrollo social y económico de sus comunidades.
El fortalecimiento de la autonomía económica, junto con la formación, el acceso a ingresos y la participación en la toma de decisiones, constituye la clave para transformar la igualdad formal en igualdad real. El Día Internacional de la Mujer sirve como recordatorio de que la lucha por los derechos de las mujeres requiere acciones concretas y sostenidas que vayan más allá del marco legal.
Las experiencias de Guatemala, Bolivia y otros países donde CODESPA ha trabajado demuestran que los cambios son posibles cuando las mujeres cuentan con recursos, apoyo y espacios de decisión. La combinación de derechos legales, autonomía económica y participación activa marca la diferencia entre la igualdad teórica y la igualdad vivida en la práctica.
A medida que se desarrollan políticas y programas, el desafío consiste en garantizar que la igualdad legal se traduzca en oportunidades reales, asegurando que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera efectiva en la vida económica y social de sus comunidades.
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