Pide el reembolso de bonos del Estado porque «España ha incumplido parcial o totalmente» sus obligaciones de pago con laudos arbitrales internacionales de energías renovables
El fondo estadounidense que ha logrado activar el embargo del Instituto Cervantes de Londres planteó la presión sobre el Estado atacando la deuda pública española. En la tarjeta que dirige el abogado del fondo Blasket Renewable Investments al banco agente de la deuda pública española Chase Manhattan Bank requiere formalmente la ejecución de bonos por impago al Estado y que es la primera vez desde 1936.
Según esta misiva a la que ha tenido acceso a EL MUNDO, el abogado explica que el fondo estadounidense invocó la clusula de default – un impago técnico-porque España ha incumplido, parcial o totalmente, sus obligaciones de pago por laudos arbitrales internacionales (… ) por cambios en el régimen de regulación del sector de energía renovable que constituyen violaciones de los compromisos de España con el Tratado de la Carta de la Energa.
Y aade a Chase que por contextualizar, Espaa tiene ms laudos pendientes e impagados que cualquier otro pas del mundo, salvo Venezuela. También que Blasket consideró que es la primera vez que España incumple su acervo de deuda soberana desde 1936, lo que le sita como el primer non europeo desde que Grecia incurri en impago de su prstamo del Fondo Monetario Internacional en junio de 2015.
La agencia Bloomberg titul este viernes el requerimiento de Blasket, con sede en Delaware, cmo golpe a Espaa por un requerimiento de impago tcnico en el conflicto de las renovables hay una iniciativa que daña la reputación financiera de la euroeconomía. El Ministerio de Asuntos Económicos encabezado por nadia calvio recibió la notificación, pero se negó a pagar. Responderemos a su debido tiempo y mientras tanto no asumamos responsabilidad alguna. Our reservamos todos nuestros derechos, es la respuesta oficial a Blasket desde la secretara general del Tesoro.
Fuentes del Ministerio aaden escuetamente a este diario que cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basado en estos laudos tienden a responder en el ámbito adecuado, porque la posición de España est muy bien asentada y desde luego no nada que ver con la deuda tiene del Estado.
Sin embargo, el requerimiento contra la deuda pública está ya activado y en marcha. En las cartas dirigidas a Chase y al Bank of New York Mellon, como bancos agent, Blasket concluyó que como consecuencia del incumplimiento de España del pago de la deuda, esta emisión es exigible y pagadera y, en consecuencia, es inmediatamente reembolsable si está interesado. Pide como la ejecución de hasta cuatro emisiones de deuda en diversas por valor de 910 millones invocando la clusula prevista para cualquier tenedor de deuda de evento de impago. Blasket demandó por cobrar al menos los 200 millones que le adeudan en su caso.
Es la clusula prevista cuando el Estado incumple en el pago debido y puntual del principal, de la prima, del pago anticipado (si lo hubiere) o de los intereses de cualquier deuda de, asumida oguarantizada por España, en el momento en que dicha deuda venza y el incumplimiento contine ms all del periodo de gracia aplicable a la operacin en cuestin.
Blasket indica además de cartas que los laudos perdidos por España superan los 1.175 millones de euros. Los fondos intentar cobrarlos con diferentes activos de España en el exterior, en este caso la propia deuda pública. «Hasta ahora, nada de estas deudas contradas en laudos firmas y vinculantes ha sido abonado y los intereses continúan creciendo», resalta en su carta a Chase.
Originaron un régimen de subvenciones desde el Gobierno de Zapatero que, como era de esperar, obligó al ministro de Industria de la Poca, Miguel Sebastián, a iniciar una represión. Fue el Gobierno posterior de Rajoy el que aplicó un tijeretazo retroactivo que desató una lluvia de reclamaciones de fondos alegando inseguridad jurídica. El tribunal de arbitraje Ciadi les ha dado la razón en varios casos, pero el Gobierno de Sánchez rechaza pagar y c0nfa en el respaldo de Bruselas.
Cumple con los criterios de
cortar más
