
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado este martes que la Fiscalía Anticorrupción asuma la investigación del Caso Negreira. García Ortiz emitió un decreto en el que fija que la competencia para investigar los hechos —que presumiblemente asumirá el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona Joaquín Aguirre—— pase a ser de la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción. La decisión llega motivada por el hecho de que se trata de litos vinculados a la corrupción de «especial trascendencia», según han explicado fuentesjudices a EL PAÍS. «Atendidas las circunstancias concurrentes, como son la complejidad de los hechos, su relevancia desde el punto de vista económico, así como la repercusión pública y la significación social de aquellos», recoge el decreto, se dan las circunstancias para atribuir la competencia a la Impuesto Anticorrupción.
La Fiscalía presentó el viernes su denuncia contra el FC Barcelona por un delito de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo. Entre 2001 y 2018, el club pagó 7,3 millones de euros al exdirectivo José María Enríquez Negreira para que éste «favoreciese» al Barça en las decisiones. La denuncia concluye provisionalmente que el Barcelona pretende concertar el concurso con esos pagos que no están justificados en asesorías y con los que, según admitió el propio Negreira en su declaración ante Hacienda, la entidad azulgrana pretendía asegurar arbitrajes «neutrales».
Además del Barça como persona jurídica, han sido denunciados los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. En ambos, la Fiscalía atribuye los delitos de corrupción en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil. El ministerio público ha pedido que la denuncia acumule al Juzgado de Instrucción 1, en el que ya consta la denuncia de un árbitro del VAR contra Negreira y su hijo, Javier Enríquez, por los mismos hechos. Como regla general, es el fiscal adcrito a un juzgado determinado el que conoce de los asuntos que recaen en ese juzgado. La Fiscalía General del Estado, no obstante, consideró que se trata de un asunto de relevancia especial que, por sus características, merece ser tratado por los especialistas en esa materia.
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